Se ha publicado la nueva Resolución 5910/26 sobre el Trafico Vecinal Fronterizo, pero a horas de su vigencia, las comunidades manifiestan su alerta ante el impacto de su contenido. La norma ignora que en las ciudades fronterizas el intercambio de mercancías no es un “desvío comercial”, sino el motor económico vital y el principal amortiguador social de la región.
Al establecer un límite de USD 150 y restringir ciertos productos como su acondicionamiento y presentación, la norma traslada errores estructurales para el debilitado comercio de frontera.
En el caso de Clorinda, desconoce la escala del comercio local, puesto que dicho tope, limita las ventas de comercios minoristas y mayoristas, siendo que nuestra ciudad esta dimensionada para abastecer la demanda de consumo masivo de Asunción, reducir el flujo a montos de subsistencia familiar ahoga la recaudación y el empleo de la ciudad.
En su contenido, la norma está redactada bajo una lógica puramente restrictiva y de rígido control, desconectada de la realidad social y estructural del interior profundo, donde la frontera es, por definición, un territorio vivo de intercambio constante.
La Resolución General 5910 deja al descubierto una profunda contradicción en la política económica del Gobierno Nacional. Mientras las autoridades promueven una apertura indiscriminada de las importaciones a nivel macroeconómico, eliminando aranceles, trabas burocráticas y licencias no automáticas en beneficio de empresas extranjeras, aplican un proteccionismo asfixiante y regulado sobre las economías fronterizas.
Resulta un contrasentido que un contenedor pueda ingresar al país con nulos condicionamientos, mientras que a un comerciante de Clorinda o del norte argentino se le limite una venta con más de 10 kilos de mercadería o un tope de 150 USD. Esta doble vara demuestra que la normativa no busca un ordenamiento comercial equitativo, sino que asfixia al comercio vecinal fronterizo mientras se siguen flexibilizando las reglas para los grandes jugadores del mercado centralizado.
